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Economía
Mikel Madinabeitia

Gipuzkoa anunciará próximamente un paquete de medidas tributarias orientado a fomentar el arraigo empresarial y también la atracción y retención del talento. Dos aspectos muy sensibles de nuestros tiempos en los que Hacienda pone el foco porque sabe que la fiscalidad puede convertirse en un instrumento decisivo para conseguir que proyectos empresariales y perfiles cualificados apuesten por nuestro territorio. Según ha podido saber DV de fuentes solventes, el objetivo de este proyecto de norma foral con normas de carácter «estructural» está enfocado en «fomentar el bienestar» y conseguir una Gipuzkoa «más fuerte y competitiva».
En realidad, gracias a la competencia propia que el Concierto le proporciona en materia de fiscalidad, estas medidas serán de aplicación general en Euskadi, con sus matices y particularidades, aunque la Diputación de Bizkaia tomó ayer la delantera al anunciarlas públicamente. Su batería de medidas incluye incentivos fiscales que impulsen la transmisión de la actividad empresarial y el «compromiso» de los profesionales, bonificaciones para la formación, exención de hasta el 60% en los rendimientos de trabajo para el personal cualificado que se mude al territorio de Bizkaia, y un proyecto «pionero» que busca acelerar la ejecución de vivienda social rotatoria para allanar el aterrizaje en el territorio y mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables -ver ficha adjunta-. La Diputación vizcaína, de hecho, presentará este martes en un gran acto empresarial e institucional en Madrid su plan, en presencia de la patronal CEOE y empresas como Iberdrola, BBVA, Telefónica y Petronor.
Fuentes de la institución guipuzcoana precisan que «estamos trabajando de manera coordinada y armonizada junto con el resto de instituciones, aunque cada territorio tiene sus características y armonización no significa uniformización». La diputada general de Bizkaia, por su parte, preguntada por la armonización, respondió ayer que «una revisión fiscal aborda temas más generales pero esto es algo más concreto, y todos los territorios no tenemos las mismas necesidades». Por tanto, cuando las medidas de Gipuzkoa estén en exposición pública, se podrá conocer el detalle y si son idénticas a las de Bizkaia o no, además de que tendrá que seguir su recorrido en Juntas, donde necesitará el apoyo -o la abstención- de al menos uno de los partidos de la oposición, como ha ocurrido con los Presupuestos o la última reforma fiscal.
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El anuncio llega en un escenario económico bueno para el conjunto de Euskadi en cuanto a términos de crecimiento, recaudación y empleo, pero que sin embargo enfrenta desafíos de calado en materia de relevo generacional. El invierno demográfico que acecha a nuestra sociedad se percibe también en nuestras empresas, que sufren verdaderas dificultades para fichar jóvenes cualificados. Entre otras cosas, porque el alto coste de la vivienda empuja a muchos de ellos a buscar una oportunidad fuera de nuestras fronteras. Y muchos de lo que se marchan, ya no vuelven.
Junto a la batalla por el capital humano, el fomento del arraigo empresarial se ha convertido en una prioridad tanto defensiva como estratégica para las Haciendas forales. Mantener las sedes sociales y los centros de decisión en el territorio no es una cuestión menor, sino la única garantía de que el tejido industrial vasco conserve su valor añadido, sus inversiones en investigación y su capacidad de arrastre sobre los proveedores locales. Así, las diputaciones buscan mover ficha ante el riesgo real de que la globalización, sumada a la falta de relevo generacional en muchas empresas familiares, facilite el desembarco de fondos de inversión extranjeros que terminen por desvincular a las compañías de sus raíces geográficas. Al blindar este arraigo mediante incentivos fiscales a la permanencia y a la inversión local, las instituciones no solo protegen la recaudación futura, sino que intentan contrarrestar la agresiva competencia de otras regiones, asegurando que el timón económico de los proyectos de éxito se siga manejando desde el propio territorio. Valgan como ejemplo las operaciones de Ayesa, Uvesco o Talgo, que permanecen en Euskadi tras una apuesta conjunta entre las instituciones públicas y los inversores privados.
El cambio fiscal más novedoso anunciado ayer es el que afecta a los impatriados, las personas que lleguen a Bizkaia tras recibir una oferta laboral, que acrediten una FP Superior o un grado universitario. Se modificará el régimen fiscal para incrementar del 30 al 50% la exención básica sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, que se elevará hasta el 60% en el caso de los menores de 36 años. Para compensar la movilidad geográfica y facilitar el traslado también se les permitirá deducirse 2.000 euros anuales durante los primeros cuatro ejercicios, 3.000 en el caso de los menores de 36.
Para «no generar un agravio», se pretende fidelizar a los trabajadores que ya están arraigados permitiendo que los bonus por extensión de contrato o rendimiento tributen para el IRPF como base de ahorro, que tiene un gravamen menor que la del rendimiento laboral. Se quiere estimular además la contratación de jóvenes residentes en Bizkaia «altamente cualificados» y a estudiantes procedentes de la FP Dual con una deducción del 20% de los costes salariales vinculados a su incorporación.
Para los que se quedan y los que puedan, llegar uno de los mayores problemas a la hora de establecerse en Bizkaia es la búsqueda de una vivienda. Bizkaia descartó ayer lanzarse a promover la ejecución de pisos, pero anunció una deducción de hasta el 15% para aquellos contribuyentes que cedan hasta 5.000 euros a fondos habilitados para la construcción de promociones de interés social en las que puedan alojarse de forma temporal diferentes colectivos necesitados. Entre ellos, los impatriados. Supondrá una bonificación de hasta 750 euros al año en la declaración.
El otro gran pilar de la modificación fiscal es el vinculado a las empresas, al impulso de su supervivencia y del arraigo. En un intento por «favorecer que los centros de decisión se mantengan en el territorio» se incentivan los mecanismos de transmisión de negocios, especialmente pymes, cuando los propietarios decidan jubilarse o dar un paso al lado. En este sentido, la plusvalía que deberá pagar el vendedor del negocio se reducirá un 30% siempre que el comprador mantenga la actividad y los puestos de trabajo durante al menos 5 años. También se aplicarán «ventajas» tributarias a profesionales que reciban acciones, o a los que soliciten préstamos para convertirse en socios de cooperativas o adquirir participaciones.
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